Actores del sistema de justicia analizan principales desafíos CPP
Actores del sistema de justicia analizan principales desafíos CPP a 20 años de su aplicación
Entre los desafíos se citan promover un cambio cultural en la aplicación de los acuerdos penales, reforzar la interoperabilidad del sistema de justicia para gestión de los procesos y el programa de Optimización Penal
El Poder Judicial dominicano, el Ministerio Público y la Oficina Nacional de Defensa Pública, bajo la coordinación la Escuela Nacional de la Judicatura y el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), realizaron este miércoles el seminario Conmemoración del vigésimo aniversario del Código Procesal Penal, un espacio de reflexión y discusión sobre los principales desafíos que presenta la implementación de la normativa.
En el encuentro participaron la magistrada María Garabito Ramírez, jueza de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ); Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución de la Procuraduría General de la República; Guillermo Camilo, coordinador departamental del Distrito Nacional de la Oficina Nacional de la Defensa Pública; así como expertos puertorriqueños, jueces de los distintos departamentos Judiciales, fiscales y operadores del sistema de justicia penal.
Al ofrecer las palabras de bienvenida, la magistrada Garabito indicó que el Código Procesal Penal significó una transformación técnica y procesal en el ámbito jurídico, a la vez de representar un compromiso con valores fundamentales como la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos de las personas.
Empero dijo que, como toda norma, su aplicación no ha estado exenta de retos. “Hoy, a veinte años de su entrada en vigor, nos encontramos en un punto de inflexión, un momento propicio para evaluar lo logrado, identificar los problemas que persisten y diseñar soluciones prácticas y efectivas”.
Sostuvo que el objetivo es avanzar hacia un sistema de justicia penal más eficiente, más justo y cercano a los principios que inspiraron la creación de este Código, por lo que definió la reflexión colectiva como esencial para garantizar que la justicia penal continúe siendo un pilar sólido de nuestra democracia.
